Washington D.C., 21/03/15.-

Luego de dos días de viaje desde las alturas de Conga, Cajamarca, Perú, Manuel Ramos Campos, autoridad rondera de Bambamarca, y César Estrada Chuquilín, rondero y comunicador social indígena de Celendín, ambos beneficiarios de la Medida Cautelar (MC) otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Conga, llegaron a la ciudad de Washington D.C. para llevar a cabo una reunión de trabajo con el Estado peruano, convocada por la CIDH.

Esta reunión fue solicitada por las comunidades campesinas y rondas campesinas de la provincias de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca, en el marco de 154 Periodo de Sesiones de la CIDH, con el objeto de exigir que el Estado de cumplimiento a la Medida Cautelar que la CIDH otorgó a 46 de sus líderes/as, la familia Chaupe, el comunicador social César Estrada y el rondero Luis Mayta, el 5 de mayo de 2014.

La CIDH otorgó tal Medida Cautelar a favor de dichos beneficiarios en la medida que su vida e integridad se encontraban en riesgo grave y urgente por oponerse al megaproyecto Conga, y en el caso del comunicador Estrada, por hacer la obertura periodística de las movilizaciones y los abusos que la fuerza pública cometía contra ronderos/as. La Medida tenía como objetivo que el Estado: a) adopte, en concierto con los/as beneficiarios/as, medidas específicas para proteger la vida e integridad de los mismos; e b) investigue los hechos de violencia que dieron lugar al otorgamiento de la MC por la CIDH.

El día de hoy, 21 de marzo de 2015, a las 3:45 p.m., los beneficiarios de la MC y el equipo jurídico del Instituto Internacional de Derechos y Sociedad (IIDS), conformado Raquel Yrigoyen Fajardo, Zulma Villa Vílchez y María Torres Sánchez, se reunieron con representantes del Estado peruano. Entre ellos, en la ciudad de Washington D.C., se encontraban Juan Jiménez Sotomayor, embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Ivan Bazán Chacón, abogado de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia; y Luz Ibañez Carranza, Coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalía Supraprovinciales. Y desde Lima, a través de videoonferencia, participaron Luis Huerta, Procurador Público Especializado Supranacional del Ministerio de Justicia; José Coloma, Procurador del Poder Judicial; Alejandro Silva y otros representantes del Minsiterio del Interior. Por parte de la CIDH, estuvieron presentes el Comisionado James Cavallaro, Relator para Perú, y el Comisionado Edinson Lanza Robatto, Relator Especial para la Libertad de Expresión.

En la reunión, los beneficiarios hicieron once planteamientos específicos, acordados con el resto de beneficiarios en sendas Asambleas. Entre ellos, solicitaron que el Estado formalice una invitación a la CIDH para que este presente en una reunión de trabajo entre beneficiarios y Estado en el Perú; asigne el presupuesto necesario para el cumplimiento de la MC; provea de seguridad privada a los/as beneficiarios/as; cese los ataques y hostigamientos contra la familia Chaupe; brinde tratamiento de salud a César Estrada y otros beneficiarios, quienes sufren lesiones a raíz de los ataues sufridos por parte de efectivos policiales y agentes de la empresa Minera Yanacocha; retiere las tranqueras que obstaculizan caminos ancestrales y el personal policial acantonado en las mismas; cese de criminalización y el archivamiento de las investigaciones penales.

Por su parte, el Estado informó que había notificado a las autoridades fiscales, policiales y gobernadores locales para que brinden seguridad a los beneficiarios. El embajador no aceptó invitar a la CIDH a la reunión solicitada por los beneficiarios en el Perú, alegando que su presencia aún no era necesaria, pues el Estado intentaría atender las demandas de los peticionarios a través de sus instancias nacionales. La representante del Ministerio Público informó que la Sra. Máxima Acuña de Chaupe había sido absuelta de un proceso penal, pero tenía otras tres denuncias penales ante la Fiscalía, por el delito de usurpación, interpuestas por Minera Yanacocha. Representantes del Ministerio del Interior señalaron que las demás propuestas de los beneficiarios serán evaluadas.

El Comisionado Edinson Lanza Robatto inquirió al Estado respecto de la adopción de medidas específicas para los comunicadores indígenas, como César Estrada. Señaló que cuando se persigue a las comunicadores o se los requisa sus equipos de comunicación (cámaras, grabadoras), no solamente se pone en juego los derechos de vida e integridad, sino también el derecho de libertad de expresión, de reserva de información y los derechos de la población a ser informada.

Acuerdos de la reunión de trabajo.-

Luego de un cuarto intermedio otorgado por la CIDH, las partes acordaron tener una primera reunión en Lima el día lunes 23 de marzo de 2015, en horas de la tarde, donde estén presentes representantes del Estado con poder de decisión. El embajador de Perú ante la OEA señaló que serían representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tal reunión debería servir para organizar una segunda reunión de trabajo, ya sea en Lima o Cajamarca, en la que el Estado deberá garantizar la presencia de los/as beneficiarios/as.

El Comisionado James Cavallaro le dio como plazo al Estado peruano el 15 de abril del presente, para que informe sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones que se llevaran a cabo en el Perú. También indicó a los representantes del Estado que la CIDH está evaluando la solicitud de medidas provisionales ante al Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Solicitud de información al Estado, a través de la CIDH, a favor de defensoras legales.-

En el marco de este Periodo de Sesiones, los beneficiarios también solicitaron a la CIDH que pida información al Estado, en el marco del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la persecución penal que han empezado a sufrir sus defensoras legales después de otorgada la Medida Cautelar. La abogada Zulma Villa Vílchez ha sido víctima de tres investigaciones penales arbitrarias por parte de la Fiscalía de Prevención del Delito, a raíz de denuncias totalmente infundadas por parte de la Procuraduría del Ministerio del Interior. Y, en el caso de Raquel Yrigoyen Fajardo, los beneficiarios han dado cuenta de la existencia de una denuncia penal arbitraria en su contra por parte de la Policía Judicial, a raíz de su labor de defensa a favor de un líder rondero.

Otras acciones y alianzas.-

Manuel Ramos y César Estrada, en compañía del equipo jurídico del IIDS, sostuvieron diversas reuniones con líderes indígenas, defensores legales y organizaciones de Derechos Humanos de la región. Entre estas, se reunieron con Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law-CEJIL) y su equipo, con quienes intercambiaron experiencias y acordaron realizar acciones conjuntas para promover la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Los beneficiarios y el equipo del IIDS también tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con una delegación de dirigentes comunitarios de Costa Rica, asesorados por Francisco Rivera Juaristi, Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, California, quienes presentaron una Audiencia Temática sobre el derecho al agua.

Los ronderos Manuel Ramos y César Estrada concluyen su viaje habiendo adquirido nuevas experiencias y retornan fortalecidos para seguir en la defensa de los pueblos originarios, su vida e integridad, agua y libre determinación:

“Llevamos una gran experiencia para compartir con nuestros pueblos y para comprometer a más pueblos en la defensa de la vida, el agua y medio ambiente”, señaló Manuel Ramos.

“Me voy fortalecido, viendo que hay organismos que velan por la defensa del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas”, indicó César Estrada.

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